miércoles, 23 de enero de 2013

Condiciones a Telefónica podrían afectar reducciones tarifarias, asegura experta


Más allá de la buena voluntad detrás de las condiciones impuestas por el Ejecutivo a Telefónica Móviles para la renovación de su contrato de telefonía móvil, por 18 años y 10 meses, la creación de una tarifa social para los beneficiarios de programas como Juntos y la obligación de llevar sus servicios a poblados rurales podrían distorsionar la competencia en este sector y evitar que la española aplique reducciones tarifarias en el futuro, señaló Liliana Ruiz, presidente de Alterna Perú y experta en telecomunicaciones.
En declaraciones a elcomercio.pe, Ruiz explicó que la obligación que ahora tiene Telefónica de instalar infraestructura para proveer el servicio móvil en zonas alejadas que no son rentables le concede una suerte de exclusividad en estos segmentos, pues el resto de operadores tal vez no pueda hacerlo.
“La exclusividad en sí lo que está haciendo es generar más concentración, que es lo opuesto al ambiente que se quería de competencia”, señaló.
Asimismo, indicó que los mayores costos que le generarán sus nuevas obligaciones podrían afectar sus planes de inversión o futuras reducciones en las tarifas.
“Si tienes costos que tienes que asignar a nuevas obligaciones, vas a tener menos fondos para algunas otras cosas como reducciones tarifarias que estaba planeando hacer para enfrentar la competencia que existe”, opinó Ruiz.
SUBSIDIO A LA OFERTA
La especialista advirtió que la tarifa social que se aplicará a un millón de beneficiarios de programas sociales y que equivaldrá a la mitad de la tarifa comercial, podría generar especulación, como sucede con la mayoría de subsidios a la demanda.
“Si alguna persona del programa Juntos tiene la facilidad de tener tarifas más baratas, a lo mejor trata de hacer un pequeño negocio y se lo vende a los vecinos de otra localidad que no reciben Juntos y hace un negocio con el tráfico, ganándose algo más (...) Eso pasa con los subsidios en cualquier parte del mundo y es por eso que hay que tener cuidado cuando se imponen subsidios a las tarifas”, advirtió.
En ese sentido, consideró que más razonable hubiera sido entregar subsidios directos a los beneficiarios de los programas socialespara que cubran los costos de telefonía móvil, de modo que no se afecten las tarifas vigentes.
“Con todo este tema se evidencia que se está priorizando o privilegiando el tema de la expansión de infraestructura sobre el tema de competencia”, consideró.
Por ello, rescató la sugerencia de que el Indecopi , y ya no Osiptel , sea el que vele por la libre competencia en el sector de telefonía móvil.
NO SERVICIO
En respuesta a las voces que reclaman que la renovación del contrato también debería haber planteado la exigencia de una mejora en el servicio para los usuarios actuales, Ruiz consideró que esto hubiera generado una mayor distorsión en el mercado.
“En las zonas urbanas tenemos toda la normativa que está dirigida a cuestiones de calidad, condiciones de uso, supervisión de tarifas, temas de interconexión, todo el tema regulatorio está normado. ¿Qué podría exigírsele a un solo operador?”, cuestionó.

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