Argentina. Santiago del Estero vuelve a resaltar en los portales de diarios nacionales por otro acto represivo contra los pueblos originarios, pero sigue ocultándose esta información en la provincia.
Por Nicolás Adet Larcher. Con una población rural superior al 39%, y un déficit habitacional de un 46,7% (INDEC) que la ubica como la segunda provincia a nivel nacional en padecer este problema, Santiago del Estero enfrenta, hasta el día de hoy, graves marginaciones por parte del poder político.
En cuestión, los problemas de tierras en la provincia aumentan año
tras año ante el avance del modelo sojero y de los negociados
inmobiliarios que empresarios aliados al gobierno y el propio gobierno
muchas veces pretenden instalar por las buenas, y con bastante
regularidad por las malas. Los asesinatos de campesinos como Cristian
Ferreyra y Miguel Galván con tan solo 11 meses de diferencia, dejaron
expuesta a la provincia en los medios de comunicación a nivel nacional.
La situación fue tal que incluso el propio FPV salió a repudiar en su
momento el asesinato de los miembros del MOCASE, en palabras de Hugo
Yasky, de la CTA; los diputados nacionales Martín Sabbatella (Nuevo
Encuentro), Edgardo Depetri (FPV), Diana Conti (FPV), Carlos Heller
(Nuevo Encuentro) y el legislador Andrés Larroque (FPV). Trascender las
fronteras regionales hacia todo el país es la única forma de conocer y
dar a conocer esta problemática incluso en la propia provincia que
enfrenta un silenciamiento de parte de la totalidad de los medios,
aliados al gobierno de Gerardo Zamora.
Luego de las muertes de Ferreyra y Galván, en un acto insólito, el
Gobernador fue declarado “Defensor y garante de las comunidades
originarias” (El Liberal 22/10/12) por parte de representantes alineados
al gobierno provincial. La garantía expiro al poco tiempo, y la fuerza
represiva de la policía santiagueña dio un lamentable espectáculo
disparando contra la comunidad indígena Tonocoté que fue sorprendida a
las cinco de la madrugada con una orden de desalojo de parte del Juez
Guillermo Tarchini, pariente político del Gobernador Zamora, sobre
terrenos aledaños al patio del “Indio” Froilán. Las topadoras arrasaron
con todo a su paso sobre terrenos pertenecientes a la comunidad
indígena, y fueron detenidos: Kamachej Walter Barraza y Fredi Lunas y
llevados hacia la seccional 49 sin posibilidad de apreciar la orden de
desalojo de las 20 hectáreas en cuestión.
En el blog oficial de la Comunidad Tonocoté, se expresó un repudio
contra la represión y se informó sobre los hechos en una breve crónica.
Según consta en la descripción, los heridos por el accionar represivo
fueron:
Patricia Santillán – (37 Años) embarazada, golpeada y herida con
balas de gomas, corre riesgo su embarazo, está siendo intervenida
quirúrgicamente.
Graciela López – (42 Años) golpeada y con heridas de bala de gomas.
Axel Santillán – (3 Años) herido con balas de gomas.
José López – (11 Años) herido con balas de gomas en el rostro y en el cuerpo.
Andrés Santillán – (19 Años) herido con balas de gomas en el cuerpo.
Luego de enumerar a los heridos, la comunidad advirtió
“Responsabilizamos al gobierno provincial por cualquier situación que
viole y ponga en riesgo físico y territorial a los Miembros de la
comunidad Auqajkuna. A 30 años de Democracia, y con los avances en
Derechos Humanos en el país, son inaceptables estos signos represivos.”
El salvaje desalojo en cuestión, tiene la finalidad de habilitar la
zona para dar margen a un negocio inmobiliario de parte del Gobierno
Provincial, que en este caso sería un complejo habitacional. No solo se
necesitarían las hectáreas pertenecientes a la comunidad, sino que
además se tomarían unas cuatro hectáreas del famoso patio del “Indio”
Froilán que es una de las atracciones turísticas con las que cuenta la
provincia.
Desmontar para dar paso al progreso no es algo nuevo en la provincia,
pese a que fue el primer lugar del país donde se implementó la ley de
bosques, Santiago del Estero sigue figurando entre las tres provincias
más desmontadas del territorio nacional con una tala de árboles superior
a las 500 mil hectáreas. Otro conflicto ya se había desatado en este
contexto, cuando el Gobernador pretendía obtener un terreno
perteneciente a la Universidad Nacional de Santiago del Estero donde
funcionaba un Jardín Botánico. La obtención de los terrenos en se debía a
la ambición de construir allí un estadio de futbol con tecnología de
avanzada. El gobierno tuvo que enfrentar protestas de parte de
estudiantes, docentes de la universidad, y de organismos que repudiaban
el accionar. Los medios de comunicación se encargaron de invisibilizar
las protestas, y asegurar que el gobierno solo utilizaría una “fracción
de los terrenos”, mientras que el resto seguiría perteneciendo a la
universidad.
Desde el MOCASE ya se había denunciado el ocultamiento frente a los
homicidios perpetrados por los empresarios sojeros, y el silencio de
parte del gobernador y sus ministros. En el día de hoy cambian los
actores, pero la película es la misma. Pese a que el Gobierno había
anunciado un relevamiento territorial para determinar con exactitud la
pertenencia de las tierras a los pueblos originarios el 22 de noviembre
de 2011, nada cambio desde aquel entonces.
Las promesas siguen siendo las mismas, los negocios los mismos, y los
muertos de la historia siguen perteneciendo a los marginados de
siempre. Dudosamente se puede avanzar y “seguir creciendo” cuando se
tropieza con la misma piedra, día a día.
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