jueves, 23 de mayo de 2013

Cañaris reconocida como comunidad indígena desde 1956


Todavía está latente al interior del gabinete el debate sobre qué comunidades deben integrar la base de datos oficial de Pueblos Indígenas u Originarios. Como un sector del Gobierno es receloso de que la consulta previa retarde la ejecución de los proyectos extractivos, busca reducir al máximo el número de comunidades que integren dicho registro. Esta tendencia, que gana fuerza al interior del gabinete, motivó recientemente la renuncia de Iván Lanegra al Viceministerio de Interculturalidad.

La comunidad de Cañaris y el proyecto Cañariaco de la empresa Candente Copper es un ejemplo de este conflicto. Ubicado en Lambayeque, y con reservas de oro y plata, se cuestiona que San Juan de Cañaris sea una comunidad indígena. Sin embargo, un documento publicado en la cuenta de Facebook de la abogada especialista en Derecho Consuetudinario Indígena Raquel Z. Yrigoyen Fajardo, confirma la denominación de comunidad indígena para Cañaris. Reproducimos a continuación la argumentación de Yrigoyen:

"Este es el título de reconocimiento e inscripción oficial de la "Comunidad de indígenas San Juan de Cañaris" del 11-9-1956, bajo la Constitución de 1933 que, al igual que la de 1920, reconocía "comunidades indígenas". Esta Comunidad, además, tiene títulos de 1714 y 1744, que reconocen las "tierras del común de los indios del pueblo de San Juan Bautista de Cañaris", bajo el cacicazgo de Juana Callaypoma, en el marco de una larga historia de resistencia que fue arrancando tanto a la Corona, como luego al Estado republicano, diversos reconocimientos oficiales... Señores del gobierno: no pueden venir ahora a decir que "van a ver" si a esta comunidad se le aplican o no los derechos de pueblos indígenas que reconoce el Convenio 169 de la OIT y que esto requiere un "listado". El art. 35 del Convenio 169 dice claramente que, al aplicar el mismo, no se puede menoscabar derechos y ventajas ya reconocidos en otros tratados, leyes, costumbres, laudos o acuerdos nacionales... Es decir, si ya el propio Estado ha reconocido derechos al pueblo de Cañaris, ahora el gobierno no puede usar pretextos para desconocerlos. Igual pasa con todas las comunidades campesinas, comunidades nativas, rondas campesinas, Pueblos en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial  (PIAVCI), pueblos originarios, pueblos andinos, amazonicos y afroperuano, y otros colectivos a los que, bajo distintos nombres, el Estado ya les reconoció la aplicación de tales derechos mediante diversas normas (Constitución: arts. 89, 149, 191; Ley de CC, Ley de CN, Ley de rondas campesinas, Ley de INDEPA, Ley de PIAVCI, etc.). Además están los derechos que se desprenden de la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos por la Corte IDH, como el derecho de "dar o no dar su consentimiento previo, libre e informado antes de que el Estado otorgue concesiones para megaproyectos que puedan tener impacto significativo en sus condiciones de subsistencia" (Sentencia Saramaka vs Surinam). Y si el Estado no quiere reconocer estos derechos y no ofrece vías eficaces para ello (pues el TC dice que los pueblos no pueden oponerse o vetar proyectos), ahí están las instancias internacionales correspondientes para hacer valer tales derechos!".

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